La denuncia de Lorena Martins sobre el entramado de complicidades policiales y políticas que permitieron a su padre, el ex agente de la SIDE Raúl Martins, sostener una organización internacional dedicada a la trata de personas y a la prostitución, también involucró a funcionarios porteños de la Agencia Gubernamental de Control (AGC). En el escrito presentado ante la justicia, se los señaló como quienes durante los últimos años habrían asegurado protección a los prostíbulos, más allá de los pagos destinados a varias comisarías de la Policía Federal. Allí se acusó puntualmente a Raúl Oscar Ríos –mientras fue titular de la AGC– como el presunto recaudador, a través de quien se canalizaban los pagos para conseguir habilitaciones en locales sin medidas de seguridad, y así evadir controles e inspecciones municipales. Ayer, Ríos aseguró que no conoce a Martins y anunció que querellará a su hija.
El viernes fueron entregados a la justicia una serie de correos electrónicos destinados a confirmar el vínculo entre la red que llegó a regentear siete prostíbulos en el ámbito de la Capital Federal, y los pagos regulares realizados a agentes comunales con el objetivo de garantizar su funcionamiento. El mail habría sido enviado desde la casilla de José Alonso, inspector de Habilitaciones y Permisos de la AGC. Alonso fue quien, según consta en la declaración, remplazó el rol de Ríos y comenzó a recibir dinero en efectivo por parte de la red comandada por Martins, una vez que el ex titular de la AGC debió abandonar el cargo tras el derrumbe del gimnasio de Villa Urquiza.
Fechado el 14 de marzo de 2011, a las 4:34 de la tarde, el correo tiene como asunto las letras “vs” y enumera una serie de trámites junto a cada una de las ubicaciones donde su hija apuntó que funcionaban y aún siguen funcionando los prostíbulos de la red de Martins. A su lado, cifras de varios ceros representan los valores que debía abonar la organización para hacerse del permiso municipal y poder disimular la verdadera actividad que se desarrollaba en los locales. “Jose L. Alonso” aparece como el remitente que envía el tarifario a la dirección personal de Pablo Paternostro, sindicado en la denuncia penal como el encargado de abonar las coimas por parte de la red de trata.
“Trámite música y canto” señala el primer ítem de la lista que hace referencia al local de Chacabuco 160 –“The One”– de idéntico nombre al que Martins también manejaba en México. Para ese lugar, Lorena afirmó que fue testigo de cómo se le pagó a Ríos 40 mil pesos en efectivo para obtener una habilitación cuando el local ni siquiera había finalizado las obras de reforma. El permiso de “impacto ambiental demora tres meses”, se aclara, con un costo de “6000”; “Presentación música y canto, 2000”; “Sacar música y canto, 8000”, completan la lista. Para Rivadavia 2434, –“Oba-Oba”– se ofrece el “trámite de habilitación café bar y después pool”, con costos que van desde los 6000 hasta los 25 mil pesos. Algo similar sucede con el establecimiento de Rivadavia 7373 –denominado en la denuncia “New Manhattan y/o Fama”– donde el valor definitivo para “sacar café bar” asciende a 33 mil. En el caso de Vicente López 2434, se aclara que el “trámite de planeamiento urbano, está en una zona donde hoy no se puede”, por lo que advierte Alonso, obtener el permiso puede demorar cinco meses y cuesta 6000 pesos, con un costo final para ese local de 33 mil adicionales. En otro párrafo, el inspector de la AGC ofrece “alternativas” para transferir locales. También se denunció la manera de impedir que pudieran ser investigados. “Publicar edictos (ustedes) yo les digo cómo”, sugiere, y agrega el “cese de ingresos brutos”, con costos de 3000 al presentarla y 12 mil para sacarla. Tanto los correos electrónicos que refieren a pagos a funcionarios porteños de la AGC, como los que sugieren aportes a la segunda vuelta de la campaña de Mauricio Macri para la Jefatura de gobierno, “están a disposición de la justicia para que se hagan los peritajes informáticos del caso y se pueda comprobar que son reales”, sostuvo Lorena Martins a Tiempo Argentino.
Entre los documentos, algunos de ellos manuscritos, que se adjuntaron a la denuncia, consta un papel donde se registran multas correspondientes a los prostíbulos “Divas” y “Ellegance”, con los porcentajes descontados de los valores totales, además de anotaciones por ganancias en “copas”. “Pueden ser sometidos a pericias caligráficas”, afirmó la hija del hombre señalado como el zar de la prostitución en el país azteca, socio, según ella, del sangriento cartel de “Los Zetas”.
También en México, Martins maneja “The One”, “Maxims” (en Playa del Carmen) y “Mix Sky Lounge”. De este último prostíbulo, Gabriel Conde es el encargado, y fue el lugar que visitó Macri y su entonces flamante esposa durante su luna de miel. Así lo atestigua la foto que causó un cimbronazo al interior del PRO: se lo ve junto a quien fuera procesado en los ’90 por tener menores en el local “Shampoo”. Gabriel es hijo de Luis Conde, quien fuera directivo de Boca y dueño de ese local, lugar donde Macri lanzó su campaña como presidente de la entidad. Fanático xeneize, es un histórico dentro del club. Prueba de ello es la imagen de su perfil de Facebook, donde se lo ve muy joven, a fines de los ’70, en una gala organizada por el club, junto a su padre y con modelos de la época que lucían la camiseta.
La saga judicial continuará la semana próxima. El juez Ariel Lijo, quien subroga a Norberto Oyarbide, citó a declarar a Lorena Martins el martes a las 11. Sin embargo, será su colega Marcelo Martínez del Giorgi quien le tome testimonio ya que Lijo tomará licencia. La hija de Martins ya presentó un escrito para explicar que no declarará en un juzgado a cargo de Oyarbide puesto que el magistrado mantiene “una relación de amistad y comercial” con su padre desde hace 15 años.
http://mendozaopina.com/politica/36-nacional/18199-denuncian-coimas-de-hasta-33-mil-pesos-para-habilitar-prostibulos
Foto: Funcionario recibiendo a 20 manos.
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