El juez Baltasar Garzón fue condenado a 11 años de inhabilitación por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que lo halló culpable de intervenir las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama Gürtel que salpica al Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy desde hace tres años.De este modo y con 56 años de edad, Garzón queda expulsado de la carrera judicial a la que dedicó más de 30 años de su vida, ya que no puede recurrir ante otra instancia judicial española.
La radio Cadena Ser pudo hablar brevemente con el magistrado e informó que fuera de micrófono sólo les dijo: "Estoy hecho polvo".
Fuentes de su entorno revelaron que el juez aseguró: "Caramba, ahora tengo yo que pagar a (Francisco) Correa y (Pablo) Crespo" (número uno y dos de la trama, respectivamente).
Su abogado en la primera de las tres causas en el Alto Tribunal, Francisco Baena Bocanegra, reconoció en la misma emisora que Garzón "está muy afectado", incluso "dolido".
Asimismo, aseguró que no esperaba una sentencia así, pero evitó opinar de ella hasta leerla completamente y anticipó su intención de "seguir recurriendo" siempre que su cliente esté de acuerdo.
La única instancia a la que podría acudir Garzón es al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bajo el argumento de que no se garantizaron sus derechos fundamentales, y solicitar la anulación del juicio.
Y si bien los estados miembros del también conocido como Tribunal de Estrasburgo están obligados a acatar sus fallos, la posibilidad de que se declare nulo el juicio condenatorio supondría un golpe a la justicia española que no parece de facil aplicación.
Por su parte, el abogado José Antonio Choclán, quien representa a Correa y formó parte de la acusación contra el juez, señaló que la sentencia "coloca las cosas en su sitio y repara nuestra honorabilidad". "Garzón ha hecho grandes cosas, buenas y malas, todas grandes", subrayó.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, expresó por su parte el "absoluto respeto" del Gobierno por las decisiones judiciales y anticipó que el Ejecutivo "no realizará ningún tipo de valoración política" de la situación de Garzón. "Se trata del cumplimiento del Estado de Derecho", insistió el ministro.
El fallo fue aprobado por unanimidad y le fue comunicado personalmente al aún titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, quien se desplazó esta mañana a la sede del Tribunal Supremo, informó la agencia de noticias Europa Press.
La acusación, sustentada por el abogado Ignacio Peláez, quien representa al empresario vinculado a la trama, José Luis Ulibarri, reclamaba entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su derecho de defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión.
Se trata de la primera causa por la que el juez de la Audiencia Nacional se sentó en el banquillo de los acusados por cometer un supuesto delito de prevaricato y otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales.
Los hechos por los que ha sido condenado se remontan a 2009, cuando en el marco del "caso Gürtel" ordenó intervenir las conversaciones en prisión entre los presuntos dirigentes principales de la trama de corrupción y sus abogados.
Ayer mismo quedó para sentencia el segundo juicio celebrado contra Garzón en el Tribunal Supremo, por otro presunto delito de prevaricato cometido al investigar los crímenes franquistas siendo que, supuestamente según la acusación, carecía de competencia para ello.
Durante el juicio, celebrado desde el 17 al 19 de enero, el juez declaró su inocencia, aseguró que en todo momento garantizó el derecho de defensa de los investigados y dijo asumir "todas y cada una de las decisiones, que fueron tomadas reflexivamente y en cumplimiento de la más estricta legalidad".
Los fiscales Pilar Fernández Valcarce y Antolín Herrero no presentaron acusación y solicitaron la absolución del magistrado al defender que la intervención pretendía evitar que los miembros de la red corrupta blanquearan capitales.
Asimismo, alegaron que "en casos ajenos al terrorismo", como el de la joven Marta del Castillo o el del ex abogado y narcotraficante ya fallecido Pablo Vioque, también se ordenó la pinchadura de las entrevistas entre presos y abogados.
Garzón, suspendido cautelarmente en sus funciones desde mayo de 2010, tiene abierta también otra acusación de prevaricato en su contra por supuesto cobro del Banco del Santander y otras entidades por organizar unos cursos en la Universidad de Nueva York.
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