En los planes del gobierno se
encuentra la creación de policías comunales, al estilo de la policía
metropolitana, en cada uno de los municipios de Buenos Aires. También
está el plan de la creación de la policía judicial. Estas reformas son
similares a las que imperan en EEUU donde existe un verdadero caos de
agencias y policías de diferente jurisdicción
En la práctica
significa una descentralización del poder de la policía y dificultar su
articulación. También podría implicar una reducción de la uniformidad de
la policía a lo largo del territorio nacional si cada comuna usa un
uniforme distintivo mermando la imagen de integridad del Estado.
Esto no representaría un problema si no fuera por las comunes discordias
entre los políticos de diferentes niveles en el Estado, gobiernos
municipales, provinciales y nacionales que se disputan entre si el
control de la policía porque no pueden confiar unos en otros ni confiar
en la policía.
Las unidades locales de la policía federal y/o
provincial en teoría podrían estar bajo el mando de los intendentes, si
es que realmente requirieran de una descentralización y una mayor
capacidad de comando por parte de los intendentes. Pero eso requeriría
modificar leyes nacionales y/o provinciales, cosa que las discordias
dentro del mismo Estado que nos rige no permiten. Además las necesidades
de destacarse de los políticos y atribuirse los triunfos de “su”
policía impidirian la uniformidad de la policía. Cada policía comunal
será distinta a la federal, a la provincial y entre sí, pues ante la
gente no pueden permitirse absorber los fracasos de los demás o
compartir sus triunfos.
Bajo la excusa de combatir la inseguridad
solo logran destruir la unidad de la fuerza y debilitar a la policía, La
Policía Federal tiene fundada fama de ser corrupta, pero dudo que estas
medidas tengan algún efecto para reducir la corrupción si la de los
políticos continua intacta. Es también dudoso que mejore la seguridad,
porque la ineficacia de la policía se debe más a imposibilidades
legales, a la ausencia de un aparato judicial y penal eficaz para
detener el delito a lo que se une la característica ideológica propia
del Estado colonizado por el progresismo: lo que se da en llamar
abolicionismo penal y cultura de la “no represión” léase que los que
gobiernan el Estado no están muy convencido que al delincuente se le
deba castigar
Esto produce la fragmentación y conduce internamente a
disputas interminables carentes de un hilo conductor basado en la mas
mínima cordura y sentido común.
Al paso que se pierde la integridad moral de la sociedad, se pierde la integridad estructural del Estado.
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